Con el objetivo de que se aseguren contextos de pleno respeto y protección de derechos de las personas detenidas en el sistema carcelario, diversos países que integran el GCTH están llevando adelante políticas a favor de esta población.
El VIH-sida es un problema de salud pública que debe ser atendido por las organizaciones del Estado, sobre todo en el caso de las personas privadas de su libertad que están bajo su tutela.
En el caso de Argentina, con el objetivo de fortalecer la gestión del trabajo en VIH, en el marco del Convenio “Justicia con Salud, Salud para Incluir”, la Dirección de Sida y ETS (DSyETS), perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación, visitó en el mes de septiembre diversas Unidades Penitenciarias Federales y mantuvo reuniones de trabajo con autoridades, profesionales de salud y referentes provinciales. Allí se acordó la presentación de un proyecto de talleres de prevención dirigido a internos y una serie de estrategias conjuntas con el Programa Provincial para la distribución de preservativos.
Desde hace más de veinte años la DSyETS viene desarrollando tareas de asistencia, prevención y de gestión en el ámbito de las unidades penitenciarias, profundizándose el trabajo desde el año 2008 cuando se firmó el Convenio Marco «Justicia con Salud, Salud para Incluir» entre los Ministerios de Justicia y Seguridad y de Salud de la Nación.
Actualmente, la Dirección desarrolla tres líneas de trabajo: capacitaciones dirigidas al personal penitenciario, detenidos/as y equipos de salud; visitas periódicas de monitoreo y evaluación en unidades penitenciarias; y acompañamiento de casos de las personas y familiares que se comunican a la línea de cobro revertido. La línea, que funciona desde 2010, tiene como objetivo facilitar al detenido/a -mientras se encuentre en una unidad penal o en los procesos de pre-libertad y libertad- el acceso a los servicios de salud y brindarle información acerca de VIH, ITS y hepatitis virales como también derivaciones de otras patologías a los equipos/programas de salud correspondientes.
Por su parte el Ministerio de Salud de Guatemala, a través del Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual presentó en el mes de septiembre sus acciones dentro del sistema penitenciario para fortalecer la atención de las personas privadas de libertad.
Este trabajo fue descripto en tres fases de intervención, la primera consistirá en la Sensibilización y Capacitación tanto al personal Administrativo, Personal Médico, Guardias del Sistema y Población Privada de Libertad en General. Un segundo momento será para trabajar en la realización interna de pruebas con Pre y Post Orientación de VIH y Sífilis con el fin de contar con Diagnóstico y Tratamiento de ITS, Sindrómico y Etiológico oportuno. Finalmente, gracias a un convenio tripartito con el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud brindará el medicamento y atención integral dentro de cada penal, sin necesidad de trasladar a los detenidos ayudando así a optimizar la adherencia al tratamiento.
El Ministerio de Salud de El Salvador también está trabajando con el objetivo de promover la salud y prevenir el VIH en personas privadas de libertad, con enfoque de derechos sin estigma y discriminación.
En agosto pasado el país llevó a cabo el IV Foro Internacional de VIH y Cárceles y el Primer Congreso Internacional de Salud Penitenciaria, organizado por el Ministerio de Salud y de la Dirección General de Centros Penales, donde se presentaron experiencias exitosas de la región en la implementación de estrategias de atención hacia personas privadas de libertad con VIH.
En el caso específico, El Salvador implementa una Estrategia Nacional de Atención del VIH en las personas privadas de libertad, que tiene como base el trabajo interinstitucional e intersectorial.
Entre los logros salvadoreños se destaca el empoderamiento alcanzado por los equipos de VIH y de los Centros Penales a escala nacional, entre los que prevalece la coordinación con las Clínicas Penitenciarias, donde el tema fundamental es la prevención para evitar nuevos casos de VIH.
La prevención va acompañada de las tomas de pruebas de VIH que se realizan de manera periódica dentro de los recintos, por medio de la visita de la Unidad Móvil y personal del Sistema de Salud. Esto tiene como resultado la detección de nuevos casos de VIH, a quienes se les brinda la atención integral necesaria. En el país se han diagnosticado alrededor de 260 casos nuevos de VIH en personas privadas de libertad, quienes reciben terapia antirretroviral y para tuberculosis en los casos de coinfección Tb/VIH.
Otro elemento destacable de la estrategia salvadoreña es la formación de personas privadas de libertad con VIH como consejeros. Entre sus actividades está brindar pre y post consejería para la toma de la prueba del VIH y colaborar en el desarrollo de los grupos de autoapoyo, en los que les enseñan a sus pares sobre la adherencia al tratamiento antirretroviral, el autocuidado, los cambios en los estilos de vida, promoción de la salud, saneamiento básico, prevención de enfermedades transmisibles por vectores, entre otros.
Con la clara convicción de que la privación de la libertad no debe implicar la supresión de los derechos y garantías que hacen a la dignidad de las personas, entre ellos, el derecho a la salud, Argentina, Guatemala y el Salvador son ejemplo en la región del trabajo en el contexto carcelario.
Además de garantizar la ausencia de enfermedad, las acciones llevadas a cabo por estos países, apuntan a que las personas privadas de su libertad tengan derecho a una misma calidad de salud que el resto de la comunidad. Ello implica que todas las personas privadas de su libertad tengan un efectivo acceso a la atención médica y el seguimiento y control oportuno de modo de maximizar su bienestar físico, psíquico y social.